Artículo escrito junto a Nagua Alba y publicado en El Correo el 22/03/2018
El pasado 17 de Marzo vivimos una movilización sin precedentes de las personas pensionistas, que llenaron las calles de pueblos y ciudades de Euskadi con la misma determinación que les ha convertido en un referente para todo el Estado. Y es que están siendo un ejemplo en la lucha por sus derechos, que también son los nuestros, y tienen todo nuestro apoyo porque lo que defienden no es ni más ni menos que lo que es justo. Así lo entendieron también decenas miles de personas de todas las edades que acudieron al llamamiento del movimiento de pensionistas por solidaridad, por justicia y por su propio futuro.
En las reivindicaciones y el debate que las últimas movilizaciones han puesto encima de la mesa se superponen dos niveles de acción: el primero es el de las medidas inmediatas, urgentes, casi de choque para aumentar la cuantía de las pensiones y la recuperación del valor adquisitivo perdido. Esta es una cuestión que depende de la voluntad política y del criterio político en el uso del dinero público. Por ejemplo, la revalorización de las pensiones del acuerdo al IPC costaría 2.200 millones de euros: más o menos el equivalente a las rebajas fiscales de los planes privados de pensiones o al rescate de las autopistas.
En este paquete de medidas para mejorar en el corto plazo la cuantía de las pensiones también debe incluirse la derogación de las dos reformas del sistema, la de 2011 del PSOE y la de 2013 del PP, que en su momento dinamitaron el Pacto de Toledo. Eliminar el factor de sostenibilidad y volver a la edad y condiciones de jubilación anteriores a 2011 supondría ya un aumento de las pensiones de las personas que se están jubilando y las que se van a jubilar próximamente.
El segundo nivel de debate es de fondo y realmente trascendente, ya que de ahí debería salir el modelo de pensiones que queremos tanto para garantizar las ya existentes como las que han de llegar en los próximos años. Y es un debate que en Euskadi debemos tener doblemente, por un lado a nivel estatal porque porque es nuestra obligación defender lo justo y lo bueno para la gente de Euskadi, allí donde esté la competencia. Y por otro lado, porque la transferencia de la gestión del régimen ordinario de la Seguridad Social implicará la toma de decisiones sobre un modelo vasco que garantice pensiones públicas y dignas con los recursos que tenemos.
La dignidad de las pensiones se mide, más allá de titulares muy aparentes, en que ninguna persona mayor o pensionista viva en la pobreza. Tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo justo es que las pensiones estén vinculadas a la evolución de la economía. En primer lugar para para no depender de la voluntad política del gobierno de turno, y en segundo lugar para que las pensiones se beneficien de la mejora de la economía, justo al contrario de lo que ocurre en la actualidad, donde la gran mayoría de la población aún no ha salido de la crisis a pesar de las cacareadas mejoras en las cifras económicas.
Pero para que el debate sea completo y serio, los titulares deben ir acompañados de medidas y cálculos económicos. Así lo hemos hecho en el Congreso, acompañando a nuestras dos propuestas de ley de una memoria económica. ¿Cuál es nuestra política en materia de pensiones? Lo contrario que se ha hecho hasta ahora: en vez de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones recortando sobre los gastos, proponemos actuar sobre los ingresos: medidas en el mercado de trabajo (incremento del SMI y derogación de las reformas laborales para acabar con la precariedad y aumentar el ingreso vía cotizaciones), una fiscalidad solidaria (impuesto a la banca) y complemento del sistema vía presupuestos.
Y mientras, ¿qué pasa en Euskadi? Más de medio millón de personas dependen de los debates que se están teniendo ahora. Las pensiones también son agenda vasca, y por ello deben defenderse con la misma intensidad en Vitoria-Gasteiz y en Madrid. Hablar de pensiones en Euskadi es hablar por ejemplo de la negativa a subir la RGI, que complementa muchas de ellas, y de su recorte del 13%, responsabilidad del actual Gobierno Vasco.
En unos meses, los Presupuestos Generales del Estado llegarán al Congreso para su votación. El PNV tiene dos alternativas, o bien sumarse a los presupuestos del 0,25% y seguir apoyando la política de pensiones de Mariano Rajoy, o escuchar a los y las pensionistas vascas y no apoyar presupuestos que no garanticen que todas las pensiones superen, como mínimo, el umbral de la pobreza.
Las pensiones han llegado para quedarse en el debate político vasco, y lo han hecho gracias a la ejemplar movilización de los y las pensionistas, que van a mirar con lupa cualquier decisión política que vaya en contra de lo que es justo. Tanto las políticas sociales de complemento de las pensiones más bajas, como la capacidad de influencia y de hacer propuestas al actual sistema a nivel estatal irán perfilando la posición de cada cual en uno de los debates más importantes para el futuro de Euskadi: apoyar el futuro de quienes se han dejado la vida trabajando o sostener a Mariano Rajoy y su apuesta por los planes de pensiones privados para unos pocos. En Elkarrekin Podemos tenemos claro de qué lado estamos.
