Artículo publicado originalmente en la edición impresa de El Correo (04/03/2016)
Se ha hablado mucho estos días del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos tanto por las cosas que incluye y son cuestionables, como por las que omite. Pero también por la manera en que se ha firmado, en paralelo a otra mesa de negociación, en la que pensamos había mucho más que ganar para las mayorías sociales de todos los territorios. Nos referimos al texto firmado por Sánchez y Rivera la semana pasada, porque lo que ha venido después no es sino más de lo mismo con una nueva portada.
La pregunta que queremos plantear es: ¿es bueno este acuerdo para Euskadi y para su gente? Además de en cuestiones tan importantes como el modelo territorial y la LOMCE, el pacto nos suscita muchas dudas en al menos tres ámbitos: política energética, infraestructuras y derechos individuales y colectivos.
En lo referente a política energética, el acuerdo pasa de puntillas por dos cuestiones relevantes para Euskadi y que generan gran preocupación social. Una es el fracking, PSOE y Ciudadanos se comprometen a una moratoria sobre las prospecciones pero no a su prohibición. Y la segunda, Garoña que no se menciona y cuyo cierre queda enmascarado en una declaración general de cierre progresivo de centrales nucleares. Algo que no les compromete a nada en esta legislatura, ni está en la línea de la transición energética ambiciosa y decidida que necesitamos.
La transición energética propuesta es vaga y queda completamente coja al no hacer referencia a la democratización de la energía, o lo que es lo mismo, no presenta ninguna medida concreta para terminar con el oligopolio y la desproporción en el trasvase de rentas que desde las familias y las empresas se produce hacia las grandes eléctricas. Y es que el precio de la energía es una cuestión clave para Euskadi. No solo para la ACB de Sestao, cuyo futuro dentro del grupo Mittal depende de ello, sino para la competitividad de toda la industria vasca.
En general, la industria y la transición a un modelo productivo que genere empleo justo y sostenible están ausentes del documento. Se habla en general de políticas activas de empleo, pero sin definir sectores, ni estrategia con vistas a medio y largo plazo. En Euskadi nos hallamos en un momento crítico para nuestra industria: perdemos empleos y al mismo tiempo nos encontramos con que Mittal está en condiciones “legales” de cerrar una planta rentable, eficiente y sostenible. Esto demuestra que las instituciones, tanto vascas como estatales, no están sabiendo ofrecer soluciones para el tejido industrial vasco. Tememos que, aunque bienvenidas, las medidas anti-dumping lleguen tarde y que no aborden el meollo del problema: el modelo energético y la ausencia de un plan de reindustrialización a la altura de los tiempos y de los retos mundiales: económicos, sociales y climáticos.
En el ámbito de las infraestructuras, de la máxima relevancia para Euskadi, el acuerdo habla del fomento del ferrocarril de mercancías, una medida sin duda imprescindible. Sin embargo, para resultar creíble aquí necesitaría de mayor concreción: ¿implica el apoyo de PSOE y Ciudadanos a la variante ferroviaria sur de Bilbao, que va a costar miles de millones de euros sin ser una solución definitiva y con un gran impacto ambiental y social en la Margen Izquierda? ¿Supone esta medida un replanteamiento del TAV, que, por cierto, también se halla también en una situación presupuestaria más que difícil?
Finalmente, en materia de derechos, hay dos elementos clave que afectan directamente a toda la ciudadanía. El primero es la Ley Mordaza, que no se deroga. Esta omisión nos parece incomprensible y muy sintomática de la escasa sensibilidad de las partes firmantes hacia la regresión democrática que hemos experimentado en los últimos cuatro años.
El segundo es que no se deroga la reforma laboral, tal como había prometido el PSOE. En Euskadi el desempleo y temporalidad entre jóvenes y mayores de 55 años es la norma. Recientemente, el sondeo Aurrera Begira 2015 señalaba que el 41,3% de las personas jóvenes con empleo percibe que es muy o bastante probable que su empresa las despida este mismo año. Al mismo tiempo, el 71% de las personas jóvenes desempleadas se mostraba muy o bastante convencida de que encontraría trabajo en el mismo plazo, es decir, que era optimista con la posibilidad de sustituir a una persona como ella despedida en el mismo año. El dato nos revela una sociedad vasca que ha asimilado de la precariedad y la privación de derechos como algo intrínseco al mercado laboral. En respuesta a esto, el PSOE parece haber aceptado el contrato único, reducir aún más las indemnizaciones por despido y eliminar la vinculación del contrato temporal a una causa objetiva.
Ninguna de estas medidas tiene mucho que ver con lo que se espera de un gobierno de cambio. Hay muchas personas que, como nosotras, aspiran legítimamente a que el próximo gobierno no sea del PP, pero que hace falta mucho más para poder llamar a dicho gobierno “de cambio” sin faltar al respeto a millones de electores. En nuestro caso, a las más de 300.000 personas que nos votaron en Euskadi el pasado 20 de diciembre.