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Política industrial: acompañar no es liderar

Otra vez Sestao, otra vez Margen Izquierda. De nuevo la crisis industrial, esta vez el futuro de La Naval, nos lleva a la comarca de Bizkaia, que junto con Encartaciones, más ha sufrido, está sufriendo y sufrirá la inacción del Gobierno Vasco en política industrial. Es inevitable la sensación de déjà vu. No hace ni año y medio que Sestao contenía la respiración por el futuro de la ACB y aquí estamos de nuevo ante el posible cierre de un símbolo de la industria de Bizkaia, que de confirmarse supondría un nuevo golpe al empleo, el bienestar y el futuro de Ezkerraldea.

Es difícil no encontrar analogías entre las dos historias: grandes empresas públicas, banderas de la industrialización de la Margen Izquierda, en sectores que sufrieron salvajemente la reconversión industrial de los 80 y que han acabado en manos privadas. Sin embargo, y aunque ambas empresas tienen hoy futuro en sectores de gran relevancia internacional, la mala gestión y la ausencia de una política industrial a largo plazo ponen en peligro un número alarmante de empleos en Sestao, y por extensión en toda la comarca.

La situación de La Naval no es un caso aislado, de confirmarse los peores escenarios para el astillero y la papelera CEL, tal y como ha ocurrido con General Electric, podríamos terminar el año con la destrucción de alrededor de 2.000 empleos industriales en Bizkaia; a los que habría que sumar los de CNA Fagor y Xey en Gipuzkoa (otros 350 más) ¿No deberíamos empezar ya a hablar abiertamente de crisis de la industria tradicional vasca?

El primer paso para solucionar un problema es reconocerlo, y el Gobierno Vasco no parece dispuesto a admitir que hay factores estructurales y malas prácticas que llevan años destruyendo nuestro tejido industrial. La consecuencia de esta ceguera es una política industrial errática, sin fondo ni proyecto que se limita, tal y como ha declarado el lehendakari Urkullu, a “acompañar” a las empresas en situaciones de crisis hasta que desaparecen.

Un gobierno responsable y con sentido de país no puede reaccionar únicamente cuando las empresas tienen problemas graves. El papel de las instituciones, al menos tal y como lo entendemos desde Elkarrekin Podemos, es el de conseguir que la política industrial contribuya a modernizar el tejido industrial existente, y de este modo, a mejorar la calidad de vida de las personas que viven de él.

Esto pasa por adoptar un papel de liderazgo para asegurar que la industria vasca se transforma a la misma velocidad que los sectores en los que trabaja; y es capaz de anticiparse a las amenazas que se avecinan. Sirva como ejemplo la crisis del acero del año pasado, esa que redujo la plantilla y la actividad de la ACB y se llevó por delante la planta de Arcelor Mittal en Zumárraga. A pesar de algunas medidas anti-dumping que la Unión Europea ha impuesto a ciertos productos chinos, algunos de los factores estructurales de la crisis siguen ahí tales como la sobrecapacidad productiva mundial o la falta de inversión en nuevas tecnologías y eficiencia energética. ¿Qué ha hecho el Gobierno Vasco desde entonces? ¿Ha hablado con las acerías vascas para conocer sus necesidades? ¿Ha abierto alguna línea de apoyo a la modernización del sector, la reducción de emisiones o la fabricación de productos de mayor valor añadido?

Este es el tipo de política industrial que hacen los gobiernos responsables. La que pone las bases para un desarrollo económico que asegure el empleo y cree riqueza económica, social y ambiental en el nuevo contexto productivo del siglo XXI, marcado por la digitalización de la maquinaria, las nuevas formas de organizar la producción y el uso de energías no contaminantes (la llamada descarbonización).

La política industrial no son grandes conceptos que envuelven estrategias que nos vienen dadas, ni tampoco es incrementar el poder de las élites económicas: es trabajar codo con codo con las empresas para ver cómo su futuro puede asegurarse en las cambiantes necesidades económicas y productivas mundiales. Las estrategias, los objetivos, los planes de un gobierno solo son creíbles si están anclados en el territorio y responden a los contextos de sectores, comarcas y empresas concretas para mantener los empleos en el medio y largo plazo.

La situación de emergencia de la industria vasca tradicional, confirma la necesidad de un pleno monográfico sobre el tema, tal y como planteó Elkarrekin Podemos el pasado mes de julio. Reconozcamos el fracaso de la política industrial del PNV y del PSE y busquemos medidas sólidas, coherentes y consensuadas en defensa de nuestro tejido industrial, manteniendo los empleos que existen y creando nuevos. Acompañar no es liderar, y lo que necesita nuestra industria es un liderazgo público que ponga estrategias y leyes al servicio de la economía real y de las personas viven de ella. Porque el futuro no es tal, si se olvida de la gente y de los pueblos que ha dado su vida por construir el presente que hoy disfrutamos.

Por esta paz (fiscal), un avemaría

Artículo escrito con Nagua Alba, Secretaria General de Podemos Euskadi y diputada por Gipuzkoa, publicado originalmente en la edición impresa de El Correo el 12/10/2017

La foto de esta semana ha sido sin duda la del PNV apoyando junto a Ciudadanos los presupuestos de un gobierno ahogado por la corrupción: Mariano Rajoy llamado como testigo en el caso Gürtel, dos ministros que interceden y apoyan a imputados por corrupción y una intervención constante en el Ministerio Fiscal. Puede que esto sea la gota que colma el vaso, o es que ya no es vaso sino un pantano; el caso es que apoyar a este gobierno en nombre de la estabilidad, de la economía o de la agenda vasca significa amparar la corrupción como forma de gobierno, y ampararla dentro del propio Gobierno.

Más allá de las razones éticas y de moral política para no apoyar los presupuestos del Partido Popular, están las razones de política económica y social, que son las que fundamentan nuestra enmienda a la totalidad y nuestros presupuestos alternativos para otro proyecto de país. Los Presupuestos Generales del Estado son uno de los pilares fundamentales sobre los que un Gobierno diseña sus políticas, y éstos son un claro reflejo del modelo socioeconómico por el que apuesta el Partido Popular: un recorte de 5.000 millones de euros respecto a los de 2016, y la consolidación de los recortes y la austeridad de los últimos años. Quien decida apoyar estos presupuestos, sea cual sea la contrapartida, será cómplice de las consecuencias que tendrán sobre las personas y la economía.
Y lo que el Partido Popular ha ofrecido como moneda de cambio para este apoyo es algo que a Euskadi le corresponde por derecho y que en un contexto de normalidad democrática no entraría en una negociación entre partidos sino sería parte de las relaciones institucionales.

El PNV se ha comportado como un mercenario del cupo. Ha decidido entrar en el mercadeo de derechos planteado por el Partido Popular: nos hace renunciar a nuestros derechos (apoyando los recortes) y la dignidad política (apoyando un gobierno corrupto), para conseguir algo que nos corresponde legalmente. Este acuerdo, legitima la subalternidad de Euskadi en cuanto a la negociación del cupo, y reconoce que esta ha de darse de manera excepcional como pago a favores políticos coyunturales de muy dudoso beneficio para Euskadi.

No podemos ignorar que la bajísima revalorización de las pensiones y las prestaciones por desempleo incluidas en los presupuestos afectarán al poder adquisitivo de miles de personas en Euskadi. O que las empresas innovadoras y centros de investigación vascos seguirán sufriendo los escandalosos recortes en I+D+i. Sin olvidar tampoco la incoherencia de que mientras se reivindica la desmilitarización de Euskadi se apoye una subida del presupuesto de Defensa del 32%, o que la recuperación de la memoria histórica, una constante en el discurso del PNV, recibirá 0 euros.

No nos engañemos, en estos presupuestos está mucho más en juego que poner al día el cupo o terminar el TAV a toda carrera; se está decidiendo el marco sobre el que hacer política en los próximos años. Y la decisión del PNV implica 1) legitimar que la negociación del cupo no es un derecho de Euskadi, sino una recompensa por los servicios prestados de un partido político; 2) dar aire a un gobierno cuyo partido ha institucionalizado la corrupción como forma de gestión de lo público; y 3) avalar la posición política de priorizar la reducción urgente del déficit frente a cualquier otra cosa, que profundiza la brecha social y momifica nuestra economía.
Y sin embargo, hay otra variable de la que apenas estamos hablando: más allá de los presupuestos, ¿qué otras cosas tendrá que apoyar el PNV para asegurar el cumplimiento del acuerdo? Cojamos el ejemplo de Ciudadanos, atado de pies y manos por su acuerdo de investidura tiene que renunciar a algunos de sus puntos esenciales (corrupción, derogación del impuesto al sol) para mantener el todo. Es una irresponsabilidad hacer depender el autogobierno y de la debilidad o fortaleza del gobierno de turno, y no de unas relaciones institucionales normalizadas.
Pero así todo el acuerdo no le parece mal negocio al PNV, y hace suyo ese dicho de que “por esta paz (fiscal) un avemaría”. Será que a algunas de las personas que representamos a Euskadi en el Congreso tenemos otro concepto de lo que es bueno y sobre todo otro concepto de responsabilidad: el de construir una alternativa que no nos obligue a elegir entre cupo o derechos.

Feminizar la política de cabo a rabo

El título original de este artículo (cambiado por el medio que lo publicó) quería trasmitir la idea de que feminizar la política es algo más que conseguir fotos y estadísticas con más mujeres que hombres. Escrito tras las elecciones autonómicas vascas de 2016, es una celebración a la insual noticia de mayor numero de mujeres que hombres en un parlamento, pero también un recordatorio de todas las áreas políticas donde siguen faltando mujeres. Mujeres, con poder y responsabilidades sobre todo.

Artículo publicado originalmente en el blog Mas de la Mitad de 20Minutos el 18/10/2016

Un Parlamento con más mujeres que hombres

¿Cómo afectaría a Euskadi el pacto PSOE-Cs?

Artículo publicado originalmente en la edición impresa de El Correo (04/03/2016)

Se ha hablado mucho estos días del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos tanto por las cosas que incluye y son cuestionables, como por las que omite. Pero también por la manera en que se ha firmado, en paralelo a otra mesa de negociación, en la que pensamos había mucho más que ganar para las mayorías sociales de todos los territorios. Nos referimos al texto firmado por Sánchez y Rivera la semana pasada, porque lo que ha venido después no es sino más de lo mismo con una nueva portada.

La pregunta que queremos plantear es: ¿es bueno este acuerdo para Euskadi y para su gente? Además de en cuestiones tan importantes como el modelo territorial y la LOMCE, el pacto nos suscita muchas dudas en al menos tres ámbitos: política energética, infraestructuras y derechos individuales y colectivos.

En lo referente a política energética, el acuerdo pasa de puntillas por dos cuestiones relevantes para Euskadi y que generan gran preocupación social. Una es el fracking,  PSOE y Ciudadanos se comprometen a una moratoria sobre las prospecciones pero no a su prohibición. Y la segunda, Garoña que no se menciona y cuyo cierre queda enmascarado en una declaración general de cierre progresivo de centrales nucleares. Algo que no les compromete a nada en esta legislatura, ni está en la línea de la transición energética ambiciosa y decidida que necesitamos.

La transición energética propuesta es vaga y queda completamente coja al no hacer referencia a la democratización de la energía, o lo que es lo mismo, no presenta ninguna medida concreta para terminar con el oligopolio y la desproporción en el trasvase de rentas que desde las familias y las empresas se produce hacia las grandes eléctricas. Y es que el precio de la energía es una cuestión clave para Euskadi. No solo para la ACB de Sestao, cuyo futuro dentro del grupo Mittal depende de ello, sino para la competitividad de toda la industria vasca.

En general, la industria y la transición a un modelo productivo que genere empleo justo y sostenible están ausentes del documento. Se habla en general de políticas activas de empleo, pero sin definir sectores, ni estrategia con vistas a medio y largo plazo. En Euskadi nos hallamos en un momento crítico para nuestra industria: perdemos empleos y al mismo tiempo nos encontramos con que Mittal está en condiciones “legales” de cerrar una planta rentable, eficiente y sostenible. Esto demuestra que las instituciones, tanto vascas como estatales, no están sabiendo ofrecer soluciones para el tejido industrial vasco. Tememos que, aunque bienvenidas, las medidas anti-dumping lleguen tarde y que no aborden el meollo del problema: el modelo energético y la ausencia de un plan de reindustrialización a la altura de los tiempos y de los retos mundiales: económicos, sociales y climáticos.

En el ámbito de las infraestructuras, de la máxima relevancia para Euskadi, el acuerdo habla del fomento del ferrocarril de mercancías, una medida sin duda imprescindible. Sin embargo, para resultar creíble aquí necesitaría de mayor concreción: ¿implica el apoyo de PSOE y Ciudadanos a la variante ferroviaria sur de Bilbao, que va a costar miles de millones de euros sin ser una solución definitiva y con un gran impacto ambiental y social en la Margen Izquierda? ¿Supone esta medida un replanteamiento del TAV, que, por cierto, también se halla también en una situación presupuestaria más que difícil?

Finalmente, en materia de derechos, hay dos elementos clave que afectan directamente a toda la ciudadanía. El primero es la Ley Mordaza, que no se deroga. Esta omisión nos parece incomprensible y muy sintomática de la escasa sensibilidad de las partes firmantes hacia la regresión democrática que hemos experimentado en los últimos cuatro años.

El segundo es que no se deroga la reforma laboral, tal como había prometido el PSOE. En Euskadi el desempleo y temporalidad entre jóvenes y mayores de 55 años es la norma. Recientemente, el sondeo Aurrera Begira 2015 señalaba que el 41,3% de las personas jóvenes con empleo percibe que es muy o bastante probable que su empresa las despida este mismo año. Al mismo tiempo, el 71% de las personas jóvenes desempleadas se mostraba muy o bastante convencida de que encontraría trabajo en el mismo plazo, es decir, que era optimista con la posibilidad de sustituir a una persona como ella despedida en el mismo año. El dato nos revela una sociedad vasca  que ha asimilado de la precariedad y la privación de derechos como algo intrínseco al mercado laboral. En respuesta a esto, el PSOE parece haber aceptado el contrato único, reducir aún más las indemnizaciones por despido y eliminar la vinculación del contrato temporal a una causa objetiva.

Ninguna de estas medidas tiene mucho que ver con lo que se espera de un gobierno de cambio. Hay muchas personas que, como nosotras, aspiran legítimamente a que el próximo gobierno no sea del PP, pero que hace falta mucho más para poder llamar a dicho gobierno “de cambio” sin faltar al respeto a millones de electores. En nuestro caso, a las más de 300.000 personas que nos votaron en Euskadi el pasado 20 de diciembre.