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El gobierno de la lista más votada: entre chapuza y cacicada

A lo largo de la legislatura han sido varias veces en las que el Partido Popular ha hablado de reformar la ley electoral para que gobierne la lista más votada. Que la última tenga lugar tras su conferencia política, nutrida de candidatos a alcaldías y presidencia más votados pero sin gobierno, tiene que ser simple casualidad. Salvo que, hayas perdido alcaldías como Madrid o Valencia y el gobierno de la Comunidad Valenciana y reproches a tu partido no haber legislado en favor de la lista más votada antes de las elecciones.

Esta feo eso de hacer leyes a medida, a la de tus amigotes pase (Reforma del sector energético, RD Autoconsumo, Reforma laboral, Ley de montes o de costas, etc.) pero las cacicadas son cosa de otro siglo. Salvo que, te llames Mª Dolores de Cospedal, o seas Ministro de Interior y creas que hay demasiadas libertades y derechos en este país como para que funcione decentemente.

La propuesta que ha trascendido a la prensa de que una lista con el 35% de los votos pase a gobernar automáticamente no hay por dónde cogerla. Salvo que, seas un partido que ronde ese porcentaje y que tengas al resto tan en contra que encuentren los suficientes puntos en común como para no dejarte seguir haciendo barbaridades.

Conceder el gobierno automáticamente a la lista más votada introduciría dos distorsiones en nuestro sistema político:

  • Por un lado, supondría modificar nuestro sistema parlamentario para que se pareciera a uno presidencialista, pero sin serlo. Esto es, tendríamos una presidencia del gobierno por decreto, pero no tendría el apoyo del parlamento para llevar a cabo su programa de gobierno. ¿Obligaría la ley a aprobar los presupuestos generales del estado en nombre de la estabilidad y la voluntad del 35% de los votantes?
  • Y por otro, le daría un carácter mayoritario a un sistema electoral proporcional, con ya de por sí con un fuerte sesgo que favorece a los partidos y listas mayoritarias. Es decir, que no importa por cuanto ganes: si ganas, tienes premio. ¿Se imaginan la legitimidad de un gobierno obtenido automáticamente con el 35,1% de los votos frente a otro partido que haya obtenido el 34,9%?

La manera en la que se distribuye el poder transformando los votos en representación es la clave de todo sistema político democrático. Nuestro sistema electoral diseñado en la transición tenía el objetivo de favorecer la estabilidad del sistema de partidos y evitar la atomización del mismo. Hoy está muy lejos de entroncar con la realidad política del país y las demandas de la ciudadanía del siglo XXI.

El “no nos representan” del 15M se puede aplicar perfectamente al sistema electoral español. Los cargos electos que salen de las elecciones no representan la pluralidad política y social que existe en nuestra sociedad. Se quedan con muy poca presencia en las instituciones, o simplemente fuera de ellas, opciones políticas que tienen un fuerte apoyo social, pero cuyo número de votos no pasa las barreras establecidas.

La reforma del Partido Popular contribuiría aún más a alejar a la ciudadanía de las instituciones. ¿De qué sirve votar si estás fuera de ese 35% de votantes ganadores? Siempre te queda la opción del famoso “voto útil” y votar al que ronda el 30% a ver si con un poco de suerte hay (re)cambio.

Esta ha sido la lógica mayoritaria en las pequeñas circunscripciones durante más de 30 años y es lo que ha consolidado el bipartidismo en nuestro sistema. Y si algo no quiere la ciudadanía es seguir consolidando la alternancia entre dos partidos similares que apuestan por el mismo modelo político, económico, social y ecológico que nos ha llevado a la crisis, que votan juntos a favor del TTIP en Europa y que se han limitado a apoyar la humillación a Grecia.

Legislar para favorecer a la lista más votada es un intento zafio y burdo de querer mantener un sistema político cuya crisis es reflejo de la crisis de sistema y de modelo que vivimos. Hay quien no se ha enterado de que el proceso de transformación que hemos puesto en marcha en todos los niveles, es imparable. Salvo que dejemos de creérnoslo.

 

Este artículo ha sido publicado originalmente en eldiario.es (16/07/2015)

#SumarDemocracia

La crisis democrática no es algo exclusivamente de nuestro país. La deconstrucción de la democracia es un requisito previo a la imposición de la austeridad y el desmantelamiento del estado del bienestar. (Re)construir una democracia participativa es el primer paso para transformar el sistema.

La pérdida de la soberanía de las personas, y por tanto de las instituciones que son depositarias, es más que evidente en todo el mundo. La tendencia en las democracias occidentales es ir restringiendo cada vez más la participación ciudadana y el control legislativo sobre el ejecutivo. Las decisiones con mayor impacto en la vida de las personas están en muy poquitas manos: multinacionales y élites políticas. Y el mejor ejemplo es el TTIP, el tratado UE-EEUU que subordina la soberanía y las decisiones democráticas al beneficio comercial.

Sin embargo, nuestro sistema político tiene sus propias limitaciones, rasgos y deficiencias democráticas que han alejado la política y las políticas de la ciudadanía, y que deben ser abordadas con urgencia como parte de la transformación a la que aspiramos:

  • La corrupción como un mal estructural de la administración y las instituciones públicas. La transparencia en las cuentas y procesos de contratación, con mecanismos adicionales que controlen la gestión de lo público debe ser una prioridad.
  • Un funcionamiento de los partidos políticos anclado en la cultura política transición. Urge la democratización y apertura de los partidos tradicionales, y un replanteamiento del rol de los mismos en la política, su funcionamiento y financiación.
  • Un sistema electoral diseñado para mayorías electorales y alternancia bipartidista, que no representa la diversidad política ni ideológica de la sociedad, basado en circunscripciones electorales del siglo XIX y que no se adecuan a la distribución de población actual.
  • La ausencia de una sociedad civil fuerte, numerosa y organizada que controle la acción política, exija mecanismos de participación y sepa y quiera utilizarlos.

Democracia no es solo votar cada cuatro años, es también participar en los procesos de toma de decisión. Pero lo es también que los mecanismos del sistema impidan nítidamente la desviación de la acción política hacia intereses particulares.

La transformación necesita apoyarse en una nueva concepción de la política, pero también del funcionamiento del sistema político y de las instituciones. Imprescindible #SumarDemocracia

#SumarBuenVivir

Quiero que desde EQUO también hagamos una campaña para #SumarBuenVivir al cambio. Para lograr la transformación que queremos es imprescindible poner la ética en el centro de nuestras acciones: el respeto y cuidado de la vida debe ser el objetivo de la sociedad, no la economía. La lógica del PIB debe dejar paso a la lógica de la libertad, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Inevitablemente necesitamos construir, de forma democrática, sociedades democráticas que recuperen lo público, lo universal y lo gratuito.

¿Qué quiero decir exactamente cuando hablo de Buen Vivir?
Buen Vivir quiere decir derechos humanos, apoyados y ampliados con garantías sociales, económicas, ambientales. La base y objetivo de toda acción política deben ser los derechos, pero unos derechos y ampliados que incluyan la justicia social y también la ambiental. Esto incluiría la alimentación, el agua potable, la energía, la vivienda; un acceso universal y gratuito a la sanidad, educación y servicios sociales, el derecho a un medio ambiente sano, y a la cultura y el ocio, siempre desde el respeto a la diversidad.

Buen Vivir exige nuevo régimen económico: la primera premisa es que debe estar en armonía con la naturaleza, esto es respetar los límites del Planeta, teniendo como objetivo la dignidad humana y la calidad de vida de las personas. La apuesta es una economía social y solidaria con otros valores que la competencia y el beneficio económico, como por ejemplo la dimensión colectiva de las actividades económicas.

Por último, el Buen Vivir significa democracia, con una mayor participación y la promoción de las decisiones conjuntas y comunitarias, en detrimento de las minorías que hoy ejercen el poder: élites poĺíticas y económicas.

El Buen Vivir es por tanto lo opuesto a lo que nos ha traído aquí y es, sin duda, el horizonte al que nos debemos dirigir. Con ilusión. Con determinación.

#SumarBuenVivir para #SumarAlCambio

Más información sobre el Buen Vivir:
http://rosamartinez.org/el-buen-vivir-una-alternativa-al-capitalismo/

8M: Mayor participación política

Artículo publicado en El Diario de Córdoba (04/03/2015)

Como todos los años por estas fechas los medios se llenan de artículos y reportajes sobre la mujer y su situación en el mundo. Existe una marea informativa que pone excepcionalmente los derechos de las mujeres en todas las portadas.

A punto de comenzar la campaña electoral en Andalucía, nos parece más que relevante aprovechar este hueco que los medios nos dejan a las mujeres para poner sobre la mesa el problema. Sí, porque, lo queramos ver o no, la menor participación política de las mujeres es un problema de democracia y de igualdad.

Siendo la mitad de la población, en un contexto donde la educación y los valores sociales fueran igualitarios, por pura estadística los partidos políticos, los ministerios, el congreso, los sindicatos y los movimientos sociales deberían estar mucho más equilibrados en cuanto a número de hombres y mujeres. Y no lo están, no solo en el número, sino también y más escandalosamente en los puestos de responsabilidad y poder. Se ha hablado mucho de la ausencia de mujeres en el Gobierno de Grecia, pero ¿y aquí? ¿Podemos afirmar que seamos un ejemplo de igualdad en cuanto a la participación política de las mujeres? No lo creo.

Se ha escrito mucho sobre las razones de la menor presencia de las mujeres en política, desde el estereotipo del “menor interés de las mujeres por las cuestiones públicas” o el eterno lastre de las mujeres para conquistar el espacio público: “la conciliación”. No es una cuestión baladí y por ello debemos recordar por qué es importante fomentar y asegurar una participación de la mujer en la política institucional.

Mientras el porcentaje de participación de la mujer no se aproxime a su peso porcentual en el total de la población (¡51%!) habrá que seguir hablando de barreras y desigualdad. Si realmente queremos una nueva cultura política, hay que poner los medios necesarios para eliminar obstáculos y facilitar esa participación.

A día de hoy, la principal vía de acceso a la política son los partidos políticos. Por este motivo, son los propios partidos los que tienen la responsabilidad y el deber de trabajar para facilitar la presencia de las mujeres en sus filas, no sólo en número sino también en visibilidad, responsabilidad y liderazgo. La paridad en los órganos de gestión y dirección sigue siendo una excepción en nuestro sistema político, y solo EQUO funciona con una doble portavocía paritaria.

El próximo día 22 Andalucía votará su Parlamento y con él, la Presidencia de la Junta. De los principales partidos con representación parlamentaria o posibilidades de obtenerla sólo hay dos mujeres candidatas: Susana Díaz (PSOE) y Teresa Rodríguez (Podemos). Y de estos mismos grupos, solo IU y Podemos presentan el mismo número de cabeza de lista mujeres que hombres.

En una sociedad donde las mujeres parten de una desigualdad tan clara en tantos ámbitos de la vida, lo raro sería que precisamente fueran iguales en el acceso al poder desde el que poder revertir esta situación. Si hablamos de derechos e igualdad de las mujeres, hemos de hacerlo también desde el derecho a participar y contribuir desde la política institucional. En plena campaña electoral, reivindicamos mayor participación política de las mujeres. Porque la menor presencia en número y cargos de responsabilidad no es fruto del azar o de la menor preparación, sino otra manifestación de la desigualdad que las mujeres sufrimos por el mero hecho de serlo.

* Coportavoz federal de EQUO. Firma también este artículo Carmen Molina, coportavoz de EQUO Andalucía y candidata de Podemos por Málaga

Sin ecología no hay futuro, sin mujeres no hay democracia

B7dwdYgCUAAXrzbEste post recoge algunas ideas de mi intervención en el I Foro del Sur de Europa, donde partidos verdes y de izquierda nos reunimos para intercambiar puntos de vista sobre las alternativas a las políticas de austeridad y neoliberales que se han impuesto a los estados del Sur de Europa.

 

La transformación radical del sistema a la que aspiramos debe tener como punto de partida la democracia y los derechos, pero con dos perspectivas claves: la ecológica y la feminista.

Para establecer este sistema social y económico han tenido que desmontar la democracia. Revertirlo pasa inevitablemente por reconstruirla. Esto significa una regeneración democrática del sistema y los partidos; y una verdadera democracia participativa en la que la ciudadanía sea agente activo en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, no podremos llamarle democracia mientras la mitad de la población esté infra-representada en la política. No hablo sólo de porcentajes o de cuotas, sino de visibilidad, liderazgo, responsabilidad, poder. No hay más vieja política que la hecha exclusivamente por hombres.

Por su parte, los derechos deben ser la base, el objetivo y la guía de todas las políticas. Recuperar la política para las personas significa defender, asegurar y promover los derechos humanos y sociales. Sin embargo, la lucha por los derechos debe evolucionar con la sociedad, y debemos incorporar nuevos derechos claves en el siglo XXI, ambientales y digitales, y asegurar los derechos a colectivos a los que aún se les niega, LGTBi+, por ejemplo.

Hoy en día hablar de exclusión social es asumir la violación sistemática de los derechos humanos de las personas que en ella se encuentran. Las mujeres sufren en mayor número y con mayor fuerza la pobreza en nuestra sociedad, y gran parte de las personas que intentan atravesar las fronteras sur de Europa en busca de una oportunidad son refugiados climáticos (así en masculino, porque las mujeres migran mucho menos, y cuando lo hacen son doblemente explotadas por las mafias).

Estas breves ideas, son una pequeña muestra de que cualquier propuesta, alternativa, fuerza, coalición o visión de cambio sólo será realmente transformadora si:

  • incluye los derechos y la justicia ambiental. La lucha del siglo XXI será por el control de los recursos: energía, agua, alimentos ( necesidades básicas de las personas)
  • incorpora la lucha feminista, ya que no hay mayor opresión que la del patriarcado y no se puede obviar los derechos de la mitad de la población mundial.

A la hora de formar gobierno Alexis Tsipras ha tenido en cuenta la primera parte. Ha nombrado secretario de estado de Medio Ambiente a un miembro del partido ecologista que era parte de Syriza. Veremos que margen de maniobra tiene dentro del macro-ministerio de producción, pero el gesto es simbólico y asegura que al menos se dará la lucha en el gobierno por asegurar que la transción de la economía griega se haga con criterios ecológicos.

Sin embargo, una vez más, las mujeres se han quedado fuera de la revolución. Ni una mujer entre sus 11 ministros. ¿Significa eso que no hay mujeres capaces de dirigir un ministerio en Grecia o que Tsipras no ha querido mirar más allá de los tradicionales círculos de poder masculinos? La izquierda nos debe a las mujeres la lucha feminista desde que existe. En Grecia, esta deuda sigue aumentando.

Ojalá que aquí lo sepamos entender: sin ecología no hay futuro, sin mujeres no hay democracia.

La Intocable del 78: renovarse o morir

Artículo publicado en La Marea (06/12/2014)

Permítanme ser directa. A día de hoy tenemos dos opciones: seguir andando en círculos o crear colectivamente un nuevo camino. Con la primera opción nos acabaremos mordiendo en el culo, si no nos caemos antes mareadas y asqueadas. Con la segunda, al menos se abre un horizonte al que dirigirnos. La primera es la opción de los que se niegan a ver que el régimen del 78 está agotado, hablo de Rajoy, hablo de Pedro Sánchez y hablo de Mariló Montero. La segunda es la de todas las que pensamos que el origen de la crisis política, económica y ecológica se encuentra, precisamente, en los puntos negros de nuestra actual Constitución.

La Constitución de 1978, la Intocable, ha creado un sistema incapaz de regenerarse o corregirse, y que además hace tiempo que ha olvidado el objetivo principal para el que fue creado: servir a los intereses de la ciudadanía. Las nuevas generaciones tenemos el derecho y el deber de exigir la revisión y la reconstrucción de los pactos del pasado. La ciudadanía votó sí (aunque hoy eso represente apenas el 30% de la población actual), pero no participó. La legitimidad de entonces está en entredicho, tanto por las demandas de las generaciones más jóvenes, como por las tensiones y distorsiones que el régimen salido de la transición provoca en nuestra sociedad.

Recordemos que, muy a pesar de algunos, los de siempre, ya tenemos sobre la mesa el primer elemento necesario –aunque no suficiente- para todo proceso constituyente: un consenso ciudadano amplio sobre la necesidad de cambio. Y aunque se niegue, somos muchas ya las que creemos inaplazable actualizar la Constitución del 78, la Intocable, porque se está desangrando desde hace demasiado tiempo. Las hemorragias internas se han convertido con la crisis en heridas visibles y escandalosas, solucionadas con tiritas neoliberales todavía más escandalosas e injustas, como la reforma del artículo 135. La Intocable ha entrado en este último año en la UCI por culpa de un infarto soberanista y un trasplante urgente de monarca.

El diagnóstico es claro: hay que empezar a debatir una nueva Constitución que siente las bases para atajar de raíz la crisis política, económica y ecológica en la que estamos empantanados. Esto no se hace de un día para otro, y sin embargo nada urge más que la refundación de nuestra sociedad a partir de un nuevo marco normativo. Debemos avanzar hacia la reformulación de un Estado en consonancia con los valores de democracia, igualdad, participación y colaboración.

La apuesta de EQUO es un Estado republicano, federal y laico; cuyos principios rectores sean la transparencia, la rendición de cuentas y la revocación de cargos públicos como herramientas de lucha contra la corrupción. Es inaplazable igualmente la reforma de la Justicia para garantizar su independencia y asegurar la protección de los derechos que deberán ser ampliados asegurando el buen vivir de las personas. Y por último, debe afrontarse una reforma del sistema electoral que sea efectivamente proporcional y garantice al mismo tiempo la representación territorial.

Y todo este debate puede darse de dos maneras. Tal y como se hizo en 1978: 7 hombres encerrados en una habitación en representación de los partidos políticos para decidir la organización política del país. O por el contrario, un proceso constituyente abierto, participativo y transparente en el que la ciudadanía sea protagonista.

En el proceso constituyente que ponga fin al régimen corrupto, injusto y obsoleto de la Intocable, los partidos deberán ser un actor más, una herramienta para la participación. Es imprescindible involucrar a representantes de la sociedad civil y a personas sin adscripción a ningún tipo de organización. Las consultas y los debates deben ser abiertos a toda la ciudadanía; con una escrupulosa rendición de cuentas y transparencia de las negociaciones y los procesos de decisión. Esta es la forma de hacer política que nosotros defendemos desde nuestros inicios. Y es exactamente la misma que está demandando la sociedad española en estos momentos y que se está practicando por toda la geografía española en los espacios de confluencia ciudadana.

La soberanía, el poder de decisión, reside en la ciudadanía. Nadie puede negarnos el debate y estamos en nuestro derecho de dotarnos de una nueva Constitución que dé respuesta a los retos y necesidades del siglo XXI. Quédense con estas palabras: proceso constituyente. No sólo van a ocupar el centro del debate político en 2015, sino que es el único camino hacia la regeneración democrática.