Por esta paz (fiscal), un avemaría

Artículo escrito con Nagua Alba, Secretaria General de Podemos Euskadi y diputada por Gipuzkoa, publicado originalmente en la edición impresa de El Correo el 12/10/2017

La foto de esta semana ha sido sin duda la del PNV apoyando junto a Ciudadanos los presupuestos de un gobierno ahogado por la corrupción: Mariano Rajoy llamado como testigo en el caso Gürtel, dos ministros que interceden y apoyan a imputados por corrupción y una intervención constante en el Ministerio Fiscal. Puede que esto sea la gota que colma el vaso, o es que ya no es vaso sino un pantano; el caso es que apoyar a este gobierno en nombre de la estabilidad, de la economía o de la agenda vasca significa amparar la corrupción como forma de gobierno, y ampararla dentro del propio Gobierno.

Más allá de las razones éticas y de moral política para no apoyar los presupuestos del Partido Popular, están las razones de política económica y social, que son las que fundamentan nuestra enmienda a la totalidad y nuestros presupuestos alternativos para otro proyecto de país. Los Presupuestos Generales del Estado son uno de los pilares fundamentales sobre los que un Gobierno diseña sus políticas, y éstos son un claro reflejo del modelo socioeconómico por el que apuesta el Partido Popular: un recorte de 5.000 millones de euros respecto a los de 2016, y la consolidación de los recortes y la austeridad de los últimos años. Quien decida apoyar estos presupuestos, sea cual sea la contrapartida, será cómplice de las consecuencias que tendrán sobre las personas y la economía.
Y lo que el Partido Popular ha ofrecido como moneda de cambio para este apoyo es algo que a Euskadi le corresponde por derecho y que en un contexto de normalidad democrática no entraría en una negociación entre partidos sino sería parte de las relaciones institucionales.

El PNV se ha comportado como un mercenario del cupo. Ha decidido entrar en el mercadeo de derechos planteado por el Partido Popular: nos hace renunciar a nuestros derechos (apoyando los recortes) y la dignidad política (apoyando un gobierno corrupto), para conseguir algo que nos corresponde legalmente. Este acuerdo, legitima la subalternidad de Euskadi en cuanto a la negociación del cupo, y reconoce que esta ha de darse de manera excepcional como pago a favores políticos coyunturales de muy dudoso beneficio para Euskadi.

No podemos ignorar que la bajísima revalorización de las pensiones y las prestaciones por desempleo incluidas en los presupuestos afectarán al poder adquisitivo de miles de personas en Euskadi. O que las empresas innovadoras y centros de investigación vascos seguirán sufriendo los escandalosos recortes en I+D+i. Sin olvidar tampoco la incoherencia de que mientras se reivindica la desmilitarización de Euskadi se apoye una subida del presupuesto de Defensa del 32%, o que la recuperación de la memoria histórica, una constante en el discurso del PNV, recibirá 0 euros.

No nos engañemos, en estos presupuestos está mucho más en juego que poner al día el cupo o terminar el TAV a toda carrera; se está decidiendo el marco sobre el que hacer política en los próximos años. Y la decisión del PNV implica 1) legitimar que la negociación del cupo no es un derecho de Euskadi, sino una recompensa por los servicios prestados de un partido político; 2) dar aire a un gobierno cuyo partido ha institucionalizado la corrupción como forma de gestión de lo público; y 3) avalar la posición política de priorizar la reducción urgente del déficit frente a cualquier otra cosa, que profundiza la brecha social y momifica nuestra economía.
Y sin embargo, hay otra variable de la que apenas estamos hablando: más allá de los presupuestos, ¿qué otras cosas tendrá que apoyar el PNV para asegurar el cumplimiento del acuerdo? Cojamos el ejemplo de Ciudadanos, atado de pies y manos por su acuerdo de investidura tiene que renunciar a algunos de sus puntos esenciales (corrupción, derogación del impuesto al sol) para mantener el todo. Es una irresponsabilidad hacer depender el autogobierno y de la debilidad o fortaleza del gobierno de turno, y no de unas relaciones institucionales normalizadas.
Pero así todo el acuerdo no le parece mal negocio al PNV, y hace suyo ese dicho de que “por esta paz (fiscal) un avemaría”. Será que a algunas de las personas que representamos a Euskadi en el Congreso tenemos otro concepto de lo que es bueno y sobre todo otro concepto de responsabilidad: el de construir una alternativa que no nos obligue a elegir entre cupo o derechos.

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Rosa Martínez

Coportavoz de EQUO

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